APDHB - Condena organizaciones apócrifas de Derechos Humanos en Bolivia

Organizaciones nacionales condenan unánimemente separatismo y terrorismo en Bolivia

La reunión que marcó el Pacto Antiterrorismo en el Palacio Quemado, en La Paz (J. Lirauze, ABI)

La Paz, 7 mayo (ABI) - Organizaciones sociales, políticas , empresariales militares y policiales reunidas la noche del miércoles al jueves en Palacio de Gobierno, en La Paz, condenaron unánimemente el separatismo y el terrorismo en Bolivia, que puso en vilo a todo el país luego del descubrimiento de una banda internacional de mercenarios que se articulaba en el oriente del país. La reunión fue convocada por el presidente Evo Morales, para firmar un Pacto Antiterrorista con las entidades presentes y comprometerlas a luchar sin tregua contra el divisionismo del país. El mandatario agradeció la participación masiva de prefectos, ministros, dirigentes sociales y empresariales, pero condenó la ausencia de prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Beni, inasistencia que definió como una señal a favor "del grupo separatista", tanteado por la Policía y el Ministerio Público. "Cuando se trata de la unidad debemos estar todos", reconvino el jefe de Estado. En el cónclave, donde se trazaron las líneas maestras de un Pacto Nacional contra el terrorismo, participó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoub. El ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, presidió la reunión que se prolongó por cuatro horas, lapso al cabo del que resaltó la claridad de todos los participantes, respecto a la condena del terrorismo y la secesión. Durante la cita se manifestó una veintena de representantes que pidieron castigar con penas máximas a los que atentan contra la unidad territorial del país y felicitaron a la Policía por desarticular, el 16 de abril pasado la célula de mercenarios europeos y criollos. En un intercambio de fuego, la Policía abatió ese día al boliviano croata Eduardo Rozsa, cabecilla del grupo armado, y también a sus lugartenientes, el rumano Mangyarosi Arpad y el irlandés Dwyer Michael Martin y descubrió los tentáculos de la organización irregular que planeaba, además de separar Santa Cruz de Bolivia, asesinar a Morales. En el cónclave antiterrorista se rubricó la necesidad de elaborar un marco jurídico que sancione el terrorismo en el marco del delito de traición a la patria, como lo establece el artículo 124 de la Constitución Política del Estado. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) condenó a las organizaciones apócrifas que se gestan para presidir y financiar movimientos separatistas, a nombre de la defensa de los derechos humanos. Esta posición, planteada por el activista Rolando Villena, titular de la APDHB, fue asumida por la plenaria de la reunión como una de sus conclusiones. El político empresarial Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ) llamó el martes por la noche a una Asamblea de la Cruceñidad para cerrar filas en torno al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, al empresario de origen croata Branco Marinkovic y al ganadero Guido Náyar, convocados a declarar por el fiscal Marcelo Soza, que investiga los enlaces financieros de un grupo de milicianos europeos y criollos. Según las conclusiones de la reunión divulgadas por Quintana, se pidió que el Estado boliviano ejerza mayor dominio y control territorial en aquellas regiones que históricamente fueron abandonadas y que estarían propensas a ser caldo de cultivo de actos ilegales como contrabando, saqueo, el narcotráfico o el terrorismo. "Se ha pedido al Congreso nacional la aprobación de todas las iniciativas legislativas que permitan neutralizar toda fuente de financiamiento a estas actividades separatistas y terroristas", afirmó el ministro. Algunos prefectos recalcaron la necesidad de fortalecer a las instituciones del orden público (Policía y Fuerzas Armadas) para que puedan mejorar sus capacidades profesionales para enfrentar, oportunamente, los riesgos que entraña el separatismo y el terrorismo. También se estableció la necesidad de constituir una comisión permanente para hacer seguimiento a los compromisos de este pacto y pueda impulsar iniciativas en aras de la preservación de la unidad del país, además de impulsar campañas de concientización y construir currículas escolares y universitarias con sentido de unidad patriótica. "Pedimos a organismos judiciales, que aceleren los procesos pendientes que tienen que ver con actos ilegales cometidos contra instituciones públicas que han violado las seguridad de las propias instituciones militares y policiales", dijo el prefecto de Pando, Rafael Bandeiras. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, propuso la realización de "una gran marcha contra el terrorismo, como una expresión de la voluntad colectiva, espíritu de unidad nacional que albergan los bolivianos". "Sólo queda pendiente definir hora y día para que las organizaciones e instituciones puedan llevar a cabo las convocatorias respectiva", repuso el ministro Quintana. El Gobierno anunció que convocará a otra reunión para definir tareas, formalizar acuerdos y considerar otras entidades del país, atendiendo el pedido de Dabdoub de "ampliar a los actores" con las instituciones representativas del país.