Bolivia apela a tribunal de La Haya para que Perú revierta asilo a ex ministros acusados de genocidio

El presidente Evo Morales (ABI)

Cochabamba, 19 mayo (ABI) – Bolivia querellará a Perú ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Holanda, para revertir el refugio y asilo concedido por el gobierno de Lima a tres ex funcionarios bolivianos sumariados por genocidio, anunció este martes el presidente Evo Morales. “Nosotros, como gobierno, vamos a apelar a la corte internacional de justicia para que Perú levante el asilo” otorgado por el gobierno de Alan García a tres ministros del ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03) que enfrenta un juicio de responsabilidades por genocidio y peculado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Bolivia, dijo durante un acto de inauguración de una red de gasoductos en el centro del país. El mandatario, que la semana pasada reprochó a su homólogo peruano el asilo concedido a los ex ministros de Participación Popular, Mirtha Quevedo; de Hacienda, Jorge Torres Obleas y de Salud, Javier Tórrez Goitia, formalizados por delitos de lesa humanidad, no precisó la fecha de presentación del recurso estatal ante la CPI. “No es posible que algunos países den asilo a quienes tienen demandas, procesos por delitos de lesa humanidad. Estamos estudiando una demanda del Estado boliviano al Estado peruano para que levante el asilo a los ex ministros de ‘Goni’”, como popularmente se conoce a Sánchez de Lozada, anunció. Morales pidió, sin embargo, al gobierno peruano recapacitar y revertir la medida política. “Ojalá el gobierno peruano rápidamente pueda levantar ese asilo y así no tener problemas”, instó el mandatario. El asilo concedido a estos tres ex funcionarios bolivianos provocó tales fricciones diplomáticas entre La Paz y Lima al punto que la relación bilateral quedó en entredicho y en el peor momento en la última centuria. El jefe de Estado boliviano intenta abrir los conductos diplomáticos para extraditar a Quevedo, Torres Obleas y Tórrez Goitia, radicados en Perú, y también a los colegas de éstos, Yerko Kukoc, ex ministro de Gobierno, cuyo paradero se desconoce luego de fracasar su intento por asilarse en Perú, y Carlos Sánchez Berzaín, refugiado en Estados Unidos. La CSJ comenzó a juzgar el lunes por genocidio y en ausencia a Sánchez de Lozada, casi seis años después de la causa por la que se lo demanda, la matanza de 67 civiles en medio de una sangrienta represión ordenada por el ex presidente ultraliberal entre setiembre y octubre de 2003, en las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto. El Tribunal de Sentencia de la CSJ, abrió el proceso, cuatro años después de que el Congreso autorizara el juicio al ex gobernante, a ocho de sus ministros y alto mando militar de entonces. Apenas abierto, el proceso se encuentra nuevamente frenado por un recurso de recusación interpuesto por la defensa de Kukoc. De todas formas la CSJ declaró a Sánchez de Lozada y sus colaboradores ausentes rebeldes y contumaces a las leyes bolivianas, paso procedimental que permite su captura en cualquier espacio de la jurisdicción nacional. La mayor parte de los inculpados, 9 de 17, se encuentra fuera del país. La legislación impide que los imputados puedan ser sentenciados en ausencia. Sánchez de Lozada se refugió en Estados Unidos, un día después de su derrocamiento, el 18 de octubre de 2003, lo mismo que Sánchez Berzaín, considerado autor intelectual de la masacre, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague. Ellos tres fueron declarados el 27 de marzo de 2007, rebeldes y contumaces, y, por lo tanto, prófugos de la justicia boliviana, lo que abrió un trámite de extradición, caído en saco roto en instancias judiciales estadounidenses. El ex ministro de Agricultura, Guido Añez, se refugió en Estados Unidos a principios de año, en un intento de sortear el juicio de responsabilidades instaurado contra Sánchez de Lozada. A contrapelo de sus colegas y correligionarios, los ex ministros de Servicios Financieros, Dante Pino; de Trabajo, Adalberto Kuajara y de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa, se presentaron para encarar el juicio en la ciudad capital boliviana de Sucre, en el sudeste del país. También los generales Gonzalo Rocabado, Roberto Claros, Juan Veliz, José Quiroga y el almirante Luis Aranda, miembros entonces del alto mando militar.