Ramírez a la cárcel por ocho delitos en YPFB

Santos Ramírez es conducido a una carceleta de los juzgados. (ABI).

(Resumen. Amplía con reacciones y otros detalles) Por Coco Cuba La Paz, 12 feb (ABI).- La jueza Marcela Siles mandó a la cárcel al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, luego de escuchar alegatos la tarde del jueves, basada en el riesgo de fuga y obstrucción a la investigación del contrato para la construcción de una planta de licuables en el sudeste de Bolivia, que alertó el Ministerio Público. Ramírez, otrora ex hombre fuerte del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) y compañero de luchas del presidente Evo Morales, se convirtió en el primer funcionario de alto rango de esta administración y de la última de década en Bolivia, en pasar, en cuestión de quince días, de poderoso presidente de la estatal compañía de petróleos a un detenido más en la penitenciaría de San Pedro, la segunda más hacinada del país. Durante la audiencia de más de dos horas la Fiscalía de La Paz pidió a la jueza Silva la detención de Ramírez por incurrir en ocho tipo de delitos. El Ministerio Público le cargó a Ramírez delitos tales como "conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y, entre otros, asociación delictuosa". El 27 de enero último, el presidente Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’arlach, fue asesinado en una calle de La Paz por una banda de criminales que le arrebató de las manos 450.000 dólares, una supuesta coima para Ramírez por la adjudicación al consorcio privado de un proyecto hidrocarburífero por la friolera de 86,3 millones de dólares. En una primera y contundente reacción del gobierno, el portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, calificó de "traición" a los principios ideológicos, políticos y éticos del Presidente cualquier acto de corrupción en el Ejecutivo o fuera de él. "El presidente Evo Morales va a exigir, demandar, las más drásticas sanciones contra aquellos que hayan caído en este mal de la corrupción, no sólo por significar un delito, sino porque al interior del gobierno y del Movimiento Al Socialismo ésta es una actitud de traición a los principios" de la administración gubernamental, enfatizó. Preguntado sobre la decisión de la jueza Siles, que ordenó en encarcelamiento de Ramírez, Canelas recalcó taxativo que el "gobierno del presidente Evo Morales no va a permitir ningún acto de corrupción, sea del oficialismo o de la oposición". "No interesan nombres, caiga quien caiga" en virtud de la lucha contra la corrupción, ratificó en declaraciones a los periodistas en el Palacio Quemado, poco después de la sonada decisión de Silva. Parlamentarios del oficialismo y la oposición recibieron con el mismo talante la decisión judicial y laudaron la decisión de Morales de erradicar la corrupción y permitir el flujo natural del Poder Judicial. Diputados de los opositores Poder Democrático Social (Podemos), Unidad Nacional (UN) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmaron, por separado, que el encarcelamiento de Ramírez demuestra la decisión política de frenar en seco las picardías en la administración pública. El diputado de UN, Péter Maldonado, dijo que ésta "es una medida acertada que le hace bien a la administración pública, porque de ahora en adelante los pillos que quieran hacer negocios a expensas del Estado y la pobreza (del pueblo) la tendrán que pensar más de una vez". La diputada del MNR, Marisol Abán, celebró "que así se debería actuar siempre, que hay que empezar ha demostrarle al pueblo boliviano que la lucha contra la corrupción es una lucha sin tregua, además implacable". "Es como dijo el Presidente, le toque a quien le toque, le pese a quien le pese y caiga quien caiga". Siempre ácida con los asuntos del oficialismo, la diputada de Podemos, Lourdes Millares, fiera opositora de Morales, exaltó que "quienes administran la justicia han actuado en el marco de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal". "Se está cumpliendo la ley y creo que el procedimiento está siendo expedito y es más ágil, un hecho destacado del Ministerio Público y de la Corte Superior de Distrito de La Paz", agregó en tono de elogio. Por su parte el senador oficialista, Antonio Peredo, significó que "lo que ha demostrado este gobierno es que es capaz de abrir a la justicia en un caso tan cercano al propio presidente de la República cómo es éste". Su colega y religionario Ricardo Díaz pidió "llegar al fondo del asunto" en la corruptela que envuelve a Ramírez y que parece remecer al gobierno. El también senador del MAS, Gastón Cornejo, describió la corrupción en que supuestamente se ha sumergido Ramírez, como una "herida de muerte al gobierno". Por vía de sus abogados, Ramírez anunció que apelará la determinación de Siles. Uno de los abogados del político caído en desgracia, Víctor Borda, anticipó una estrategia para buscar la remisión de la resolución de detención. "Vamos a ver la estrategia. Por supuesto que sí vamos a ver los mecanismos jurídicos legales que establece la ley para que pueda obtener su libertad", afirmó el abogado. Según Borda, Ramírez quiere asumir su defensa en libertad. "Lo que quiere él es defenderse respecto a todas estas conjeturas", dijo al tiempo de descartar cualquier riesgo de fuga del imputado que hacia las 22H00 locales no había sido alojado aún a San Pedro. Otro de sus defensores, José Luis Paredes, homónimo del ex prefecto socialdemócrata de La Paz, deslizó una suerte de "presión política" en la decisión de la jueza Siles El imputado "parece un chivo expiatorio, se le quiere crucificar sin tener ni siquiera indicios de responsabilidad", argumentó. Borda denunció que durante la audiencia cautelar la jueza Siles no aceptó "algunos elementos planteados por la defensa". En la etapa de los alegatos, la defensa de Ramírez esgrimió que el destituido presidente de YPFB no era el directo responsable de los hechos de corrupción que se investigan en la petrolera estatal. "Hemos manifestado ante todo que don Santos Ramírez no era el directo responsable de la contratación, sino que habían otras personas, personas que han sido señaladas en su declaración" informativa", agregó el abogado, al tiempo de ponderar la colaboración prestada por el mismísimo inculpado en la investigación del escándalo. La Fiscalía de La Paz requirió, durante la audiencia, detención preventiva para Ramírez, por riesgo de fuga. El fiscal de la causa, Edgard Mollinedo, que lleva adelante las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en el contrato entre Catler Service - YPFB para la construcción de una planta separadora de líquidos y que salpican a Ramírez, afirmó que el Ministerio Público tuvo todos los argumentos para fundamentar su petición. En tanto, el interventor de YPFB, el ex ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, denunció "anomalías" en la constitución de una empresa SIBSA, para la fabricación de suministros mecánicos para la industria petrolera, encontradas en la administración de Ramírez. El ministro de Finanzas Públicas, Luis Arce, y el mismo Villegas, que ejerce la presidencia interina de YPFB, afirmaron que el Estado desembolsó entre 11 y 16 millones de dólares como adelanto para la construcción de la planta de Río Grande. Villegas dijo que una comisión boliviana viajó a EEUU para constatar en lugar la fabricación de la planta consignada a la irregular Catler Uniservice.