Al menos 22 campesinos muertos por bala en represión policial en Perú

Lima (Perú) , 5 jun (ABI).- Al menos 22 campesinos muertos dejó el viernes una brutal represión de la Policía de Perú a indígenas y pobladores que cortaban una ruta en el noroeste del país andino en demanda de la anulación de varios decretos. Los hechos se sucedieron cuando la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía reprimió con ráfagas de bala desde helicópteros la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura de la ciudad de Bagua, en la región de Amazonas, unos 900 km al noreste de Lima, informó la estatal argentina de noticias Telam. La ministra del Interior (Gobierno), Mercedes Cabanillas, informó que 9 policías murieron, 7 uniformados y 30 civiles resultaron heridos de bala y son 100 los heridos leves, por partes iguales entre efectivos y civiles. Sin embargo, el máximo dirigente de la huelga indígena, Alberto Pizango, aseguró que, según los reportes llegados desde la zona, el número de nativos muertos es al menos de 22, y que extraoficialmente se habla de tres más, cifras que no fueron mencionadas por el gobierno. Entre los fallecidos figura el dirigente local Santiago Valera, en circunstancias aún no conocidas, un profesor y un estudiante universitario muertos por disparos, según informó Julio Linares, de la oficina de Comunicaciones de la Red Comunitaria de Salud, en tanto algunos medios de prensa indicaron que entre las víctimas fatales hay dos periodistas. La confusión en el lugar de los hechos se trasladó a los hospitales a medida que fueron recibiendo a los heridos y ante el inminente colapso el Ministerio de Salud declaró el alerta roja en todos los centros de salud de la región Amazonas, según informó en un comunicado. Mientras tanto, en Baguá hay desórdenes de todo tipo que incluyen la quema de edificios, entre ellos la gobernación, y la sede del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP). La ministra del Interior coordina el envío de personal militar de la zona para restablecer el orden, y se espera que unos 100 efectivos lleguen a Baguá. Los manifestantes cortaban la ruta desde hacía 10 días en el marco de la protesta iniciada hace casi dos meses, por el que comunidades indígenas y pobladores locales exigen al Ejecutivo derogar decretos que consideran contrarios a los derechos de los pueblos nativos sobre la tierra y que permitirían la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la Amazonía. La huelga está focalizada en los departamentos Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali. El gobierno responsabilizó de lo ocurrido a Pizango y a los demás dirigentes, a los que el presidente Alan García acusó de asumir actitudes "delincuenciales" y de responder a intereses internacionales que pretenden hundir al país en el caos. "Estamos en un proceso de manipulación política. Los nativos no son ningunos santos; han baleado a la policía. Tiene que ampliarse el estado de emergencia a otras zonas y deben participar las Fuerzas Armadas", clamó por su parte la ministra del Interior, quien también acusó a Pizango de estar al frente de un plan en contra del gobierno. Pizango, a su turno, atribuyó el "genocidio" a García, a la ministra Cabanillas, y al presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, en este último caso por no permitir el debate en el Legislativo de los decretos cuya derogación exigen los nativos. Según Pizango, los nativos se habrían replegado si el pleno del Congreso hubiera debatido el jueves el dictamen de la Comisión de Constitución que pidió derogar el más resistido de los decretos, la ley forestal, por inconstitucional. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana negó además que los indígenas estuvieran armados y dijo que las muertes de policías baleados podría obedecer al fuego cruzado desatado por ellos mismos. El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, quien informó que se coordina con el Ministerio Público, Procuradores y los Defensores de Oficio de Chachapoyas el control de la zona, consideró que lo ocurrido hoy "no responde a actos de protesta, sino de destrucción". Por su parte, la Confederación General de Trabajadores del Perú condenó la matanza, de la que responsabilizó al gobierno que "lejos de solucionar las demandas de los pueblos amazónicos responde con violencia contra la población indefensa". Por ello, exigió al Congreso la inmediata derogación de los decretos y al gobierno el cese la represión y la vuelta al diálogo. La central obrera llamó, además, a todas sus bases sindicales y a las organizaciones políticas y sociales a condenar "estos hechos luctuosos y a movilizarse en respaldo y solidaridad con los pueblos amazónicos".